Este lunes se lanzó una campaña que busca promover la participación ciudadana en la formulación de la  Política Nacional de las Montañas en su proceso consultivo, que se mantendrá activo hasta el 21 de febrero.

Chile es un país compuesto por dos importantes e imponentes cordilleras que constituyen el 63,8% del total de soberanía nacional. De ese porcentaje, unos 251,9 mil kilómetros cuadrados están erosionados (FAO, 2012), en gran medida, producto de la actividad humana muchas veces descontrolada, que genera ciertos problemas entre las partes interesadas en vivir de ese entorno.

Un ejemplo de ello es lo que se ha observado en la comunidad del Cajón del Maipo, la cual en 1995 fue testigo por primera vez de un conflicto que puso en tensión los intereses de sus habitantes, con los de un proyecto industrial, y al Estado que se situó en medio de ambos. Aquel año la compañía GasAndes llegó con un proyecto que buscaba transportar gas natural entre la provincia argentina de Neuquén y la Región Metropolitana, a través de un gasoducto que pasaría por sectores del cañón, afectando la vida cotidiana tanto de las personas, como de la flora y fauna que le ocupa.  En aquellos años, el Servicio de Impacto Ambiental (SEIA) se estaba creando y no existía ninguna normativa clara que acogiera las demandas de los ciudadanos, más que las propuestas de la industria que aportan a los índices de crecimiento.

Más tarde, durante el 2007, un nuevo grupo de entendidos en economía y política llegó con la idea de construir Alto Maipo, un proyecto hidroeléctrico de AesGener y Antofagasta Minerals (grupo Luksic) que contemplaba crear dos centrales de pasada denominadas Alfalfal II y Las Lajas.  Sin embargo, esta vez se encontró con la fuerte oposición de una comunidad despierta, que comenzaba a organizarse en un colegio de la zona, y de donde nació la Coordinadora Ciudadana por la defensa del Cajón del Maipo, agrupación que ha ejercido fuerte oposición contra el proyecto, advirtiendo sus irregularidades.

Otro tema importante es el destino de los predios fiscales, como son Río Colorado y Río Olivares en la Región Metropolitana, donde más de 130 mil hectáreas no poseen ninguna protección oficial, y el acceso es controlado por una empresa hidroeléctrica que ha mermado su superficie e integridad ecológica. Esto sucede a pesar de la provisión de agua que estos cauces distribuyen para la región, además de la gran cantidad de glaciares que poseen (constituyen un 34% de su superficie) y, con ello, gran potencial para la conservación en una región que no cuenta con su propio parque nacional.

Foto: Sergio Infante.

Al igual que lo que ocurre en la Metropolitana, otros lugares del país han atravesado por esta realidad. Ejemplos como los que se viven en la cordillera de Nahuelbuta, el río Achibueno en la provincia de Linares, o en San Fabián de Alico en la provincia de Ñuble, son esclarecedores de las tensiones que se atraviesan en la montaña. Por este motivo, se torna apremiante levantar la voz para proteger sus territorios.

En el 2014, Chile creó el Comité Nacional para las Montañas, el cual está presidido por el Ministerio del Exterior, e involucra instituciones como los Ministerios de Medio Ambiente, Hacienda, Minería,  Agricultura, Sernatur y Conaf (entre otras, son 14 en total). Este comité fue el que redactó un borrador de una política de Estado para la Gestión Sustentable de la Montaña, y han abierto una plataforma de consultas ciudadanas que se cierra el martes 21 de febrero.

Campaña ciudadana:

Esa política pretende mantenerse transversalmente en los gobiernos que sigan de aquí al 2030, motivo por el cual Fundación Plantae, AccessPanam, Revista Escalando y Movimiento han formulado “La Voz de la Montaña”, una campaña que busca convocar a los/as chilenos/as a dar su opinión en lo que queda del proceso consultivo de la Política.

Ellos proponen ocho puntos relevantes, entre los que se encuentran: 1. declarar bajo protección oficial todos los espacios fiscales de la cordillera; 2. crear el instituto de las montañas como entidad permanente que se encargue de ejecutar la planificación; 3. crear un programa de acceso a los bienes nacionales montañosos a través de servidumbres de paso o derechos reales de conservación; 4. transparentar el catastro de bienes nacionales en territorios de montaña; 5. incorporar una definición de acceso consciente a las montañas; 6. educar a las nuevas generaciones sobre el acceso consciente; 7. establecer un sistema de incentivos para la conservación de ecosistemas; y 8. diseñar y aplicar un marco regulatorio que incluya un instrumento vinculante de ordenamiento territorial para zonas montañosas.

“Nuestra visión plantea que, de aquí al 2030, las montañas sean reconocidas como un elemento de Identidad Nacional, propendiendo a su conservación, cuidado, uso sustentable y propiciando el bienestar social, económico y ambiental de la población. Proponemos que el extenso territorio fiscal nacional de montaña sea resguardado y manejado efectivamente al servicio del interés público”.

Por su parte, Francisco Solís, encargado de Políticas Públicas de Fundación Plantae  y uno de los voceros de la causa, señala: “Esta es una oportunidad tremenda que debemos aprovechar como país, pues la montaña es un patrimonio al cual no se le ha dado suficiente valoración ni tampoco un marco regulatorio específico que la proteja frente a sus amenazas”. Además, destaca que para lograrlo, es apremiante regular sus usos de manera tal que se garantice su sustentabilidad a lo largo del tiempo “proveyendo bienes y servicios ecosistémicos -como agua y  recreación- para las presentes y futuras generaciones”.

La montaña es de tod@s:

Una política de Estado es un marco regulatorio que se materializa en acciones políticas como son leyes, programas, campañas, etcétera. El Estado, en su rol benefactor abre este proceso de consultas para conformar un documento que integre los intereses de todas las partes de la sociedad, con sus descontentos y deseos.

Por su parte, la causa La Voz de la Montaña pone sobre la mesa la visión de que la cordillera es relevante por su dimensión como espacio público, además del equilibrio que aporta al ecosistema. “Actualmente, el Estado está perdiendo o manejando inadecuadamente zonas de montaña, propiedad de todos los chilenos”, comenta Solís, añadiendo además que “actúan como verdaderas torres de agua, ya sea por sus glaciares o por los humedales de altura”.

Esta campaña se mantendrá durante todo el año, sin embargo, la etapa actual del proceso es fundamental, pues es cuando los ciudadanos pueden ingresar sus observaciones en el proceso de participación.

Las organizaciones participantes invitan a la ciudadanía a hacer sentir su voz y a participar de una forma muy concreta: revisando el texto propuesto y replicándolo en una opinión ciudadana.

Todo ello puedes hacerlo a través de: www.lavozdelamontaña.com

Foto: Claudio Vicuña