El pueblo Ngäbe Bugle se ubica en el occidente de Panamá, y actualmente representa 2 culturas de las 7 etnias originarias que sobrevivieron a la conquista y la colonización española en Panamá.
Durante el siglo XX lograron la consolidación de un territorio autónomo a través la Ley 10 de 1997, que creó la comarca Ngäbe Bugle y que permitió salvaguardar su territorio ancestral que mide aproximadamente 6.968 km². Desde entonces, estos dos pueblos han estado luchando por defender la integridad de su territorio.
Durante los años 80´s -mucho antes de la creación de la comarca- el gobierno panameño inició la exploración minera en Cerro Pelado (región oriental) y los estudios para la construcción de un proyecto hidroeléctrico sobre el río Tabasará, que es considerado uno de los principales río del pueblo Ngäbe. En 1999 se funda el Movimiento 10 de Abril, integrado por Ngäbes y campesinos con el único objetivo de frenar el proyecto hidroeléctrico y el desarrollo minero que se planeaba construir dentro del territorio de la comarca.
Las movilizaciones y acciones de resistencia del pueblo Ngäbe Bugle no sólo logran la consolidación de su territorio, sino que también mantienen sus recursos fuera de las garras de los inversionistas extranjeros. Sin embargo, el gobierno nunca sacó a este territorio de la lista de lugares para construcciones de “proyectos de desarrollo”.
En el 2007, el gobierno de Martín Torrijos aprobó una concesión de agua a la empresa Generadora del Istmo S. A.(GENISA) sobre el río Tabasará, para la construcción del proyecto hidroeléctrico Tabasará S.A. Dicho proyecto pretendía generar 19 MV, y fue ubicado muy próximo a un área anexa de la comarca. Este proyecto fue construido por una empresa hondureña dirigida por la Familia Kafie, que actualmente uno de sus dueños está en prisión por corrupción en Honduras. Esta empresa fue financiada por 3 bancos internacionales, y dos de ellos están involucrados en el caso de Berta Cáceres Flores.
Las comunidades indígenas del Tabasará por más de dos décadas habían logrado frenar proyectos en esa misma zona, y la aprobación de los estudios para la construcción de este proyecto hizo que el pueblo Ngäbe estuviera en alerta. En 2010 el nuevo presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a través de sus autoridades aprueban una adenda sobre el PH Tabasará S. A., que cambia el nombre del proyecto a Barro Blanco, y que permite que el proyecto sea más grande con un espejo de agua de 258 hectáreas, generando 28.56 MV. Esta ampliación impactaría directamente a 3 comunidades indígenas del corregimiento de Bagamä, de la comarca Ngäbe Bugle.
Las comunidades afectadas no fueron consultadas previamente a la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) y a la firma del contrato de concesión, lo que generó fuertes conflictos porque los habitantes de estas comunidades perderían sus tierras junto a sus sitios arqueológicos, zonas ceremoniales de vital importancia.
En el 2012, el gobierno intentó modificar el código minero, lo que provocó que la Coordinadora Nacional Ngäbe Bugle y Campesino se movilizara en diferentes puntos sobre la vía panamericana, lo que dejó un saldo de dos personas fallecidas y una decena de heridos. Luego de los enfrentamientos, se creó una mesa de diálogo acordando firmar una ley que prohibiría la minería e hidroeléctrica dentro del territorio Ngäbe Bugle.
Esta ley se firmó luego de un mes de dialogo, pero a pesar de las discusiones, el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco sobre el río Tabasará se mantenía. El gobierno y la coordinadora mantuvieron una mesa de diálogo con el objetivo de abordar el conflicto de este proyecto, actuando las Naciones Unidas como mediadores. Ambas partes decidieron hacer un nuevo estudio de verificación, pero durante todo este tiempo la empresa Genisa continuó con la construcción del proyecto hidroeléctrico.
En el 2014, el gobierno ordenó el desalojo forzado para la propiedad del señor Manolo Miranda en Kiad, corregimiento de Bagamä, pero la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente cualquier desalojo sobre la propiedad de este señor. En ese mismo año, la Corte Suprema dió respuesta definitiva a la acción legal interpuesta por los Ngäbes en el 2010, fundamentada en el derecho de la consulta libre previa e informada que no se realizó durante la fase inicial del proyecto. Pero la corte falló a favor de la empresa Genisa.
CAMPAMENTO & RESISTENCIA
A pesar de no tener el apoyo de la Corte Suprema, el pueblo Ngäbe no se rindió, y montó un campamento en la zona limítrofe a la espera de la maquinaria que estaba limpiando la zona de embalse. Dicho campamento fue trasladado al mismo proyecto durando 4 meses, lo que arrojó una serie de enfrentamientos donde más de 9 personas resultaron heridas.
En julio del 2014 subió al mando de la presidencia Juan Carlos Varela, que en su campaña electoral había firmado un pacto de cancelar el proyecto apenas subiera a la silla presidencial. En agosto de ese mismo año, el ministro de gobierno. Milton Henríquez, visitó a las comunidades, prometiendo establecer un dialogo para dar fin al conflicto, donde estarían participando los afectados, las autoridades tradicionales y autoridades electas por el pueblo Ngäbe.
La mesa de diálogo se instauró en febrero de 2015, luego de que el gobierno aceptará la condición del pueblo Ngäbe que era suspender el proyecto provisionalmente. Dicha mesa de diálogo estaba facilitada por el mecanismo de las Naciones Unidas y sólo duro hasta junio. Ese mes fue cancelada por los mismos afectados, ya que presentaron el compendio de las incompatibilidades y el gobierno no mostraba voluntad de cancelar el proyecto.
Las comunidades junto a sus técnicos demostraron en las diferentes sesiones que el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco había violado las normas panameñas, ya que los estudios habían sido deficientes e incompletos. En agosto, el gobierno -no conforme con los resultados de la mesa- decidió seleccionar a otros actores e instalar una nueva mesa de diálogo, donde excluyo a los afectados del proyecto.
Posterior al fin de la mesa de diálogo donde estaban los afectados, el gobierno procedió a levantar la suspensión provisional para que la empresa GENISA pudiera terminar la obra, que en su momento se encontraba en un 95% de avance. Pero es multada por una suma mayor a los 700 mil dólares producto de las irregularidades en el plan de mitigación del impacto ambiental.
El 22 de mayo del 2016, en la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá (ASEP) circuló una nota de prensa que indicaba que a partir del 23 de mayo se iniciaba una fase de prueba, donde llenarían el embalse hasta la cuota de 103 metros sobre el nivel del mar, para así probar el funcionamiento de la presa. Esto implicaba desalojar a las comunidades que estaban dentro de la zona del proyecto. Ese primer día fueron detenidas más de 15 personas Ngäbes que acampaban dentro y muy cerca del punto de presa.
El gobierno panameño nuevamente violó los derechos humanos, ya que desalojó de manera ilegal a las personas afectadas ni tampoco respetó la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto a la suspensión provisional de desalojo del señor Manolo Miranda en Kiad.
Mientras se realizaban las pruebas de embalse, el pueblo Ngäbe se movilizó a lo largo de todo el país, generando tensión ya que las vías en muchos momentos fueron cerradas. Al interior del gobierno mantuvieron el dialogo con líderes Ngäbe que sí apoyaban la construcción de proyecto hidroeléctrico, buscando una negociación económica para entonces darle “fin al conflicto”.
En agosto, el gobierno anunció la firma de un acuerdo con los líderes de la comarca, pero las comunidades afectadas no fueron tomadas en cuenta durante la confección de los acuerdos, lo que convirtió ilegitimo dicho procedimiento. El 22 de agosto de 2016, el presidente -junto a miembros de su gabinete- decidieron firmar el acuerdo, pero las comunidades afectadas ahí presentes terminaron lanzando piedras contra el presidente y líderes que estaban de acuerdo con el proyecto.
En vista de lo sucedido, el gobierno anunció que el congreso de la comarca Ngäbe Bugle es la única instancia que puede ratificar el acuerdo, y el 18 de septiembre el Congreso de Delegados votó No al acuerdo, y adicionalmente pidieron la destitución de la Cacique General Silvia Carrera, que había firmado el acuerdo con el gobierno el pasado 22 de agosto.
El conflicto se mantiene hasta la fecha, y hay una gran incertidumbre a nivel nacional y discusiones en todos los niveles de poder, porque a pesar de estar bajo el agua, las comunidades del pueblo se siguen movilizando y manteniendo campamentos en vigilias en diferentes puntos de la geografía panameña.
