Por Pablo Abell M.
Muchas veces hemos escuchado cómo la expresión “La Joya del Pacífico” define y da carácter a la ciudad portuaria de Valparaíso. Hoy en día, dicha frase se ha hecho extensiva a todo nuestro privilegiado borde costero, con una extensión aproximada de 4.200 kilómetros continentales, cifra que aumenta exponencialmente si consideramos todos los bordes costeros de las islas del sur de nuestro país.
En la última década, Chile ha tomado conciencia de que es un país privilegiado en escenarios naturales sobrecogedores; compuestos por flora y fauna distribuida a lo largo de sus extensas cordilleras, valles centrales y bordes costeros. Dicha mirada ha llevado a tomar conciencia de nuestros recursos naturales entre las distintas comunidades, organizaciones y entusiastas que buscan proteger nuestro país pero que han sido testigos de que la planificación territorial sostenible colisiona en forma permanente con brechas políticas, intereses sociales, económicos y culturales que transforman, especialmente, el borde costero en un espacio de constantes conflictos de distintas naturalezas y urgencias. Esto exige definir con prioridad en resoluciones administrativas locales y políticas regulatorias nacionales que permitan un aprovechamiento armónico e integrado del mismo.
Siendo Chile un país con largas extensiones de riberas de ríos, lagos y bordes costeros marítimos, específicamente 83.850 kilómetros (bastante extenso considerando que Chile es el quinto país en el mundo con mayores extensiones de riberas[1]), el concepto de Borde Costero toma particular relevancia geográfica para un desarrollo sostenible, debido a que en estos puntos convergen y se interrelacionan distintos tipos de flora y fauna, comunidades y actividades económicas. Así, la búsqueda de una mayor cohesión y equilibrio en la convergencia de estos distintos factores ha cobrado un rol fundamental para el surgimiento de comunidades locales sostenibles e integradas en el tiempo; siendo los factores comunes claves para el progreso de dichas comunidades la consolidación y protección de ecosistemas de la mano de una representatividad local informada y un financiamiento y manejo adecuado de las actuales áreas protegidas. Así, una comunidad local sostenible juega un papel relevante en la lucha contra la creciente degradación de los ecosistemas de nuestro país.
Esta cohesión y equilibrio se rompe cuando existen marcos regulatorios dispersos y difusos. Prueba de ello, es que el propio concepto de Borde Costero, en un país geográficamente costero, no ha sido definido apropiadamente, encontrándose referencias a dicho concepto en diferentes cuerpos normativos sin un entendimiento claro y preciso de lo que se entiende por tal. Por otro lado, entender su naturaleza jurídica también conlleva un desafío, puesto que el Borde Costero se compone tanto de “Bienes Nacionales de Uso Público” como también de “Bienes Fiscales”, tecnicismo legal que sólo oscurece un escenario ya bastante gris. Por último, científicamente pareciera ser que dicho concepto es impreciso e inadecuado, habiendo quienes consideran que el concepto de “Zona Costera” englobaría una mayor extensión de terreno de vital e importancia ambiental, como lo serían los humedales e incluso los sistemas de macroalgas marinas.
La Zona Costera, especialmente considerando el ecosistema mediterráneo de la zona central y centro sur de nuestro país, se ha visto fuertemente amenazada por perturbaciones antrópicas recurrentes de gran magnitud[2] tales como incendios forestales y movimientos demográficos que saturan comunidades locales. Así, según los estudios llevados por la Mesa Biodiversidad, se prevé que los impactos del cambio climático y otros componentes del cambio global (cambios de uso del suelo, destrucción de hábitats naturales) se intensificarán con mayor fuerza en el futuro. Asimismo, el estudio llevado adelante por dicha mesa señala que las regiones más despobladas y aisladas muestran mayores niveles de protección. En contraste con lo anterior, el resto de las regiones costeras de Chile continental (primeras 30 millas de la costa) muestran un nivel de protección promedio menor al 0,5% y de un 1,5% de protección de bosques costeros. Por otra parte, los humedales costeros, bosques de macroalgas adyacentes al borde costero y zonas marítimas con presencia de ballenas juegan un rol clave para el secuestro de carbono y en la disminución de los efectos del calentamiento global.
Ante los evidentes problemas regulatorios que enfrentamos, hoy nuestro país cuenta con una plataforma denominada “Observatorio de la Costa” que busca “articular la academia con diversas instituciones y organizaciones sociales en relación al ordenamiento de la zona costera, sus problemáticas, desafíos y oportunidades en ella, poniendo a disposición estudios e investigación científica que contribuya a fortalecer la agenda pública y toma de decisiones respecto a la gobernanza y sus políticas públicas, planificación y ordenamiento territorial, la gestión y conservación de la zona costera”.
El Observatorio busca, como primer motor, articular a la academia con los tomadores de decisiones. Para el cumplimiento de su objetivo, la plataforma se encuentra compuesta por centros de investigación de la Universidad Católica (tales como el Instituto de Estudios Urbanos – Instituto de Geografía – Centro de Desarrollo Urbano Sustentable – Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres), la Cátedra Unesco Cousteau y otros centro de investigación como la Universidad Austral de Chile, los cuales trabajan por aglomerar en una sola visión científica de nuestra costas y su estado. De tal forma, dicha plataforma busca crear sinergias cuyo objetivo principal es dar información, soporte y soluciones a organizaciones locales, comités ambientales y a los propios tomadores de decisiones, abogando por una nueva regulación de la costa y una ampliación del concepto de “Borde Costero” por “Zona Costera”; enfocada en una gestión integral del litoral costero bajo principios de desarrollo sostenible y reconociendo el carácter de espacio público de nuestro Borde Costero y de la Zona Costera de Chile. Lo anterior también considerando el factor de riesgo en la planificación territorial de los asentamientos humanos debido al cambio climático, el aumento de marejadas y zonas inundables. En definitiva, principios precautorios y visión integral de nuestro ecosistema en la Zona Costera de nuestro extenso país.
Bajo dichas premisas, el Observatorio trabaja sinergicamente por obtener una nueva ley de costas que amplíe el concepto a Zona Costera según la morfología propia de cada zona. Así, una adecuada planificación territorial constituye un factor clave para el desarrollo sostenible, tomando en consideración los enfoques locales de cada comunidad costera, previniendo los conflictos socio-territoriales y disminuyendo los riesgos naturales a las personas en la ocupación de espacios inadecuados para asentamientos humanos.
Dentro del proceso de investigación científica que lidera el Observatorio también han mantenido conversaciones con organizaciones internacionales como el Chile-California Council y expertos académicos de ciudades como Barcelona; con quienes han compartido experiencias de planificación territorial. Existe consenso de que la solución no implica importar un modelo de planificación territorial sino que la propia geografía de cada país dicte el camino adecuado para un desarrollo sostenible.
En conjunto con la anterior iniciativa, esta nueva visión de nuestro país ha germinado el surgimiento de distintas agrupaciones que luchan por darle al Borde Costero el verdadero tratamiento que merece. Ejemplos como Fundación Punta de Lobos y su misión de conservación de la biodiversidad y paisaje de dicha localidad costera, Fundación Kennedy y su notable protección de humedales, entre miles de otras organizaciones, han se han transformado en verdaderas cruzadas que, por primera vez, han logrado cautivar a grupos de personas a trabajar en intereses comunes y no individuales, orientando al Borde Costero como espacios recreativos para miles de familias a lo largo de nuestro país, dandole la importancia como servicio ecosistémico que el Borde Costero representa para la comunidad (ej. Humedales en zonas urbanas como fuentes de agua para casos de emergencia, desviación de inundaciones y parques naturales).
En síntesis, trabajar en común – unidad y cohesión entre los distintos actores es primordial para elaborar lo que algunos denominan como la “Conciencia Comunitaria” en donde todos somos conscientes de los objetivos y medios más justos para lograr nuestros objetivos. Así, el desarrollo sostenible desde una perspectiva ambiental, económico y social del Borde Costero se logra en comunidad.
Asimismo, los resultados positivos de gestiones comunitarias irradian comunidades vecinas logrando un resultado aún mayor. Un ejemplo de ello sin duda es la preservación de parques naturales y el trabajo comunitario efectuado por Douglas Tompkins, quien logró levantar y transformar comunidades aisladas en verdaderos centros de estudios científicos, turismo ecológico a pequeña escala y agricultura ecológica, como también embellecer el sector rural de El Amarillo[3]. Para los que han tenido el privilegio de cruzar por El Amarillo, el efecto de trabajo comunitario es evidente, mostrando un desarrollo ambiental, social y económico sostenible ejemplar en nuestro país que fácilmente podría replicarse en todo nuestro Borde Costero. Estas profundas lecciones nos ponen barreras a superar y hace preguntarnos si estaremos a la altura para lograr algo semejante a nivel nacional.
[1] http://www.bienesnacionales.cl/wp-content/uploads/2012/11/Javier-Hurtado_5nov2012_PL-sobre-administración-del-borde-costero-y-concesiones-mar%C3%ADtimas-3.pdf
[2] Áreas protegidas y restauración en el contexto del cambio climático en Chile – Mesa Biodiversidad.
[3] http://www.parquepumalin.cl/amarillo_beautification.htm
Fotos: Creative Commons
Sobre el autor: Pablo Abell es Abogado dedicado a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
